En 1940 Madrid cuenta con una reserva de suelo destinada al anillo verde. En los 40 y 50 se construyen miles viviendas (en el marco de la Obra Sindical del Hogar, barrios en remodelación y otros), sin prever dotaciones ni reservas para parques y espacios verdes.
Madrid tiene la Casa de Campo, El Retiro, la Dehesa de la Villa, el Parque del Oeste y Pinar del Rey como parques abiertos. Otros como Fuente del Berro, El Capricho, El Pardo, Sabatini, el Botánico o la Quinta los Molinos eran entonces privados y cerrados, aunque hoy los conozcamos abiertos gracias a la presión de las asociaciones.
En 1970 las AA VV plantean la necesidad de crear espacios de convivencia y pulmones que la ciudad necesita para un desarrollo urbanístico sostenible.
Entre 1970-80 se crean nuevos parques como T. Galván, J. Carlos I, Pradolongo, R. Sahagún, E. de Montijo, O. Palme, Lineal del Manzanares, Valdebernardo, Cuña Verde Latina, Plata y Castañar, Parque Paraíso… y un centenar de parques de barrio en los 21 distritos.
Hoy en día los parques de La Gavia, Valdebebas y Casa de Campo del Norte pueden situar a Madrid a la cabeza de Europa en zonas verdes.
En los ochenta, el crecimiento urbanístico deja unos nuevos barrios con marañas de cables que sobrevuelan casas, colegios y parques y provocan frecuentes accidentes, en ocasiones con resultado de muerte.
Numerosas AA VV exigen la retirada de los tendidos de alta tensión próximos a las viviendas. En Vallecas, Villaverde, Hortaleza, Latina, Usera y pueblos cómo Mostotes, Alcorcón o Leganés convocan asambleas y manifestaciones hasta lograr, en 1995, la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de la capital, la Comunidad y compañías eléctricas para soterrar en 2011 todo el cableado aéreo. Se crea una comisión de seguimiento con representación vecinal.
En 2000, la proliferación de antenas de telefonía móvil pone en alerta a las AA VV por los efectos nocivos del electromagnetismo en la salud, ya evidenciados por los cables de alta tensión.
La contaminación electromagnética es hoy una de las principales preocupaciones de las AA VV, que demandan de las administraciones un mayor control y una atención especial a sus efectos sobre la salud.
Las dos últimas décadas han situado al movimiento vecinal madrileño a la cabeza de la lucha por el medio ambiente y contra la contaminación. Asentado sobre dos ejes fundamentales, la sostenibilidad y la salud, se ha aliado con sindicatos, ecologistas y consumidores en defensa de ciudades y pueblos más limpios.
En los 90 las AA VV emprenden campañas por la supresión de las calderas de carbón y su reemplazo por gas-ciudad, por el cierre progresivo de las centrales nucleares y en favor de las energías renovables.
Con la evidencia de los efectos nocivos sobre el planeta del desarrollo industrial y la urgente necesidad de frenar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, las AA VV se suman en los 2000 al movimiento mundial contra el cambio climático, al tiempo que exigen a las administraciones locales medidas urgentes de control sobre la polución.
Actualmente la FRAVM incide en denunciar los efectos sobre el ser humano de las emisiones producidas por la combustión de los carburantes fósiles.
Tras la dictadura, los deseos de libertad desembocan en la denominada “Movida madrileña”, en la que la ciudadanía ocupa las calles con manifestaciones festivas y culturales de todo tipo, dando lugar a la apertura de numerosos locales de ocio que no siempre cumplen las ordenanzas.
En los noventa se generaliza el hábito, sobre todo entre la población más joven, de juntarse los fines de semana en espacios públicos para hacer “botellón”. Las molestias generadas por estas concentraciones, que se prolongan hasta altas horas de la madrugada, provoca a menudo el rechazo del vecindario, que reclama su derecho al descanso, exigiendo la regulación de horarios y el control de ruidos.
Pero las AA VV no sólo se han movilizado contra un ocio nocturno que altera la convivencia en los barrios. En la actualidad, los perjuicios que generan grandes infraestructuras ubicadas cerca de viviendas continúan siendo una de las principales fuentes de protesta. Los ejemplos se cuentan por decenas: luchas contra el ruido de autovías como la M30, M40 o M50, líneas de tren, aeropuertos…
En los ochenta el movimiento vecinal madrileño se suma a las plataformas contra las centrales nucleares y las térmicas, movilizándose para frenar unas instalaciones peligrosas y contaminantes, que generan gran preocupación en la ciudadanía.
En la última década se convocan grandes manifestaciones contra el proyecto de construir siete centrales térmicas en municipios del sur de Madrid, que consiguen finalmente paralizarlo.
En el marco de la lucha antinuclear el vecindario del perímetro de Ciudad Universitaria reclama el cierre del Centro de Energía Nuclear.
También se presentan alegaciones y denuncias, que suelen ir acompañadas de movilizaciones en la calle, contra proyectos que suponen molestas fuentes de contaminación atmosférica y acústica. Numerosas han sido las protestas vecinales contra las ampliaciones de Barajas y de las autovías M-40, M-50 y AP-Radiales, que han segregado algunos barrios y distritos, así como contra los aeródromos de Torrejón de Ardoz, Cuatro Vientos, Getafe y el que se pretende instalar en El Álamo.
En los setenta y en la periferia de los núcleos urbanos de la región madrileña, apenas existe control sobre los vertidos, sean del tipo que sean. Las ordenanzas no se hacen cumplir, lo que constituye un elemento de denuncia para muchas AA VV.
Los PGOU establecen en la década siguiente normas más restrictivas y obligan a transformar algunos puntos de vertidos en zonas verdes.
En el sur de la capital, Valdemingómez se consolida como el mayor vertedero de residuos orgánicos de España. Éstos no reciben tratamiento alguno y los malos olores son constantes, como denuncian las AA VV con movilizaciones. En los noventa se inicia el procesamiento de basuras y se instala una incineradora, convirtiéndose en uno de los mayores focos contaminantes de la región. La nocividad de los humos provoca fuertes protestas vecinales.
El malestar ciudadano llega en 2003 hasta la propia UE, que llama la atención a las autoridades locales, iniciándose un proceso de cambio y mejora en la recogida y tratamiento de residuos no sólo en Valdemingómez sino en toda la periferia madrileña.
El vecindario del perímetro del mayor aeropuerto de España comienza a movilizarse en 1983 ante el anuncio de su ampliación realizado por el Gobierno central, que seis años después saca a información el proyecto. Ayuntamientos afectados, AA VV y ecologistas coordinan con la FRAVM una oposición que plasman con intensas protestas.
En 1992 el Consejo de Ministros aprueba la ampliación y el malestar crece en todas las poblaciones afectadas: las manifestaciones se suceden.
Dos años después se publica el primer estudio de impacto ambiental de una infraestructura de este tipo, pero miles de alegaciones vecinales consiguen anularlo. En 1996 se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y a los dos años comienza la primera fase del proyecto. Un juzgado emite una resolución por no cumplirse en plazo las condiciones de la DIA. Se inicia la segunda fase y las protestas se intensifican.
Las AAVV exigen desde entonces el cumplimiento de los contenidos de la DIA, medidas de protección a los afectados, un plan de aislamiento acústico y el cierre nocturno del aeródromo.